Hace unos días el Gerente General de la Gestora Pública Sergio Flores, a través de los medios de comunicación, garantizó el pago de jubilaciones a los beneficiarios en todo el país, tras que se identificaran una seria de irregularidades con una empresa que debía proveer de un software que permitiría administrar esa entidad.
Ante esas aclaraciones, muchas personas se preguntaban si con nuestros aportes se estaba haciendo la compra de ese software, ya que no sería correcto porque ese dinero tiene un fin único, que es el de financiar nuestra jubilación, junto con los intereses que genera.
Sin embargo, no hay que olvidar que para que exista esa rentabilidad nuestros aportes tienen que ser invertidos, y según el reporte de la APS al 30 de septiembre de 2019, el 26,75% está invertido en Bonos del TGN y valores del BCB.
Como todos sabemos, el TGN utiliza ese dinero en diferentes áreas, por lo que deducimos que la asignación presupuestaria de 200 millones de bolivianos para la Gestora Pública, cuyo desembolso se hizo en dos oportunidades (80 millones el 2015, y 120 millones en marzo de 2017), se hizo con una parte de los aportes que se invirtieron en bonos del TGN.
Si bien es un proceso que cumple con todas las normas legales, nuestra observación, desde que se promulgó la Ley de Pensiones 065 el 10 de diciembre de 2010, se centra en el Artículo 142, que se refiere a los límites de inversión, donde el primer párrafo indica que las inversiones efectuadas por la Gestora Pública, estarán sujetas a límites de inversión por tipo genérico de instrumento, límites por emisor, calificación de riesgo y otros a considerar mediante reglamento.
Sin embargo, el segundo párrafo menciona textualmente que: “Los Valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán sujetos a los límites establecidos en la presente Ley y sus reglamentos.”
Lo cual significa que la Gestora Pública podría invertir, en Valores del TGN o del BCB, desde un dólar hasta los más de 18 mil millones de dólares que administrará, y como la Gestora depende del Ministerio de Economía y Finanzas, la realidad es que, indistintamente del gobierno que esté, el Fondo de Ahorro Previsional (o sea los aportes que financiarán nuestra jubilación), se convertiría en una “caja chica”, poniendo en riesgo las futuras jubilaciones, y elevando la deuda interna, en caso de que cualquier gobierno actúe de manera discrecional.
Por lo que es necesario modificar ese artículo y también fijar límites de inversión para bonos del TGN y valores del BCB.