La Gestora Pública, desde su creación en enero de 2015, hasta la fecha, sigue en una interminable etapa de organización, pero con un pequeño gran detalle: sin software, y con una fecha de inicio de actividades hasta septiembre de 2021.
Es bueno saber que el TGN dio, a la Gestora Pública, una asignación presupuestaria de 200 millones de bolivianos, que fueron desembolsados en dos oportunidades: 80 millones el 2015, y 120 millones en marzo de 2017.
La Gestora Publica y sus gastos hasta la fecha
Hace poco nos enteramos de que la Gestora Pública, pagó 3 millones de dólares a la empresa panameña Sysde que debía haber desarrollado el software, que al final no cumplió. Sin embargo, a fines de octubre de 2019 se firma otro contrato para el desarrollo del software con la empresa colombiana Heinsohn, por un monto de casi 11 millones de dólares, mismo que aparentemente será suspendido de forma definitiva.
Ahora, y de acuerdo con información de medios de prensa, la Gestora Pública, sin tener una fuente de ingresos, gastó aproximadamente 43 millones de bolivianos en sueldos y salarios, correspondientes a las gestiones 2017, 2018 y 2019. En ésta última habría gastado 17 millones de bolivianos.
Qué actividad administrativa a puesto en funcionamiento la Gestora Pública?
Actualmente, y desde octubre de 2018, la Gestora está a cargo del pago de la Renta Dignidad. Primera y única operación que realiza.
Ante este escenario, que es bastante preocupante, sugerimos que se tomen acciones con el fin de evitar mayores gastos innecesarios.
La propuesta que hacemos, desde Planifica Consultores, es subcontratar los servicios que actualmente brindan ambas AFP, con las adecuaciones y modificaciones necesarias ya que, dentro de las funciones y atribuciones de la Gestora Pública, está el de contratar servicios para la realización de sus actividades, siempre y cuando no exista un conflicto de intereses con los prestadores de servicios.
Esta alternativa evitaría que la Gestora Pública siga gastando grandes cantidades de dinero, ya que al subcontratar los servicios de la AFP, para que sigan administrando nuestros aportes, tenemos la seguridad de contar con un software que está vigente más de 22 años, si bien no hay nada infalible, son sistemas consolidados que permiten modificaciones, mejoras y/o actualizaciones, de acuerdo a las necesidades del Sistema Integral de Pensiones.
Y así el Estado, a través de las instituciones correspondientes, cumpliría el verdadero rol de fiscalizador. Ya que, de continuar adelante con el proyecto de la Gestora Pública, primero que los gastos seguirán creciendo y lo más importante, no existirá independencia porque tanto la Autoridad de Pensiones como la Gestora dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que los convierte en juez y parte.
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